Hablar de la crisis en la educación chilena se ha convertido en tema obligado por estos días, y la verdad es que prefiero tocar este tema ahora que se ha producido una pseudo-tregua entre los estudiantes y el gobierno y se han abierto las puertas al diálogo. Hasta ahora, se ha analizado la problemática educacional bajo distintos enfoques y puntos de vista y se han establecido las posiciones antagónicas con relativa claridad, sin embargo, trataré de agregar una nueva visión pero esta vez, desde la perspectiva de la Responsabilidad Social.
Qué piden los estudiantes:
Como ya sabemos, las demandas de los estudiantes son básicamente dos: mejorar la calidad de la educación y poner fin al lucro, claro que no necesariamente en este orden pues las prioridades entre los estudiantes secundarios y universitarios difieren un poco. Vamos al detalle, en lo que respecta a la educación básica y media, se busca mejorar la infraestructura de los establecimientos de la red de educación pública, reemplazar la PSU como instrumento de selección universitaria por un instrumento que asegure la equidad en el acceso a la educación superior, también se busca el mejoramiento de la educación técnico-profesional, eliminar el sistema de financiamiento compartido que permite la existencia de colegios "particulares subvencionados" bajo el fundamento ideológico de que "el Estado no tiene por qué financiar iniciativas que beneficiarán al sector privado", y volcar aquellos recursos hacia los establecimientos públicos bajo el supuesto de que al tener mayores recursos, la educación pública debiera mejorar, además se busca "desmunicipalizar" la educación devolviendo el control de la educación a algún ente estatal como el Ministerio de Educación entre otras cosas (Ver petitorio del CONES, Ver Petitorio ACES).
En lo que se refiere a la educación superior, las demandas apuntan principalmente al costo de las carreras, al limitado acceso a becas y beneficios que no alcanzan a cubrir la demanda de quienes más lo necesitan, al sistema de créditos disponibles con dineros del Estado y administrados por la banca privada con altos intereses y suponiendo un alto grado de endeudamiento tanto para los futuros profesionales como para sus familias, y por último, se oponen a las instituciones privadas que cobran altos aranceles y obtienen un buen porcentaje de colocación de créditos con dinero estatal, ofreciendo muchas de ellas una calidad bastante dudosa (Ver petitorio completo de la CONFECH). Finalmente, una de las metas más ambiciosas del movimiento estudiantil es lograr "educación gratuita" por ser un derecho garantizado constitucionalmente. Si miramos un poco más allá de estas demandas veremos que, en lo que se refiere a la educación primaria y secundaria, se busca una clara separación entre establecimientos "públicos" y "privados", realizando una suerte de "estatización de la educación" en clara oposición al modelo de libre mercado que hoy existe (Ver opinión de Educación 2020 respecto a las peticiones de los estudiantes)
El Gobierno y algunos criterios de Responsabilidad Social:
Pero, ¿por qué ha sido tan difícil lograr un acuerdo entre el Gobierno y los estudiantes?
Si aplicamos ciertos enfoques de Responsabilidad Social y miramos al Gobierno de Chile como una organización cuya misión consiste en proporcionar a la ciudadanía ciertos bienes y servicios garantizados constitucionalmente como en este caso, la educación, ceteris paribus el resto de sus labores, veremos que el primer problema para consensuar posturas está en la lectura que el gobierno hace de las necesidades de sus stakeholders del sistema educacional, pues en el fondo, el gobierno propone soluciones técnicas basadas en la calidad, a demandas que son de carácter político, basadas en el financiamiento y en la gestión del mismo, y por ende, en el endeudamiento que este provoca. Bajo esta perspectiva se puede deducir que el conflicto se mantendrá mientas el gobierno siga viendo como un "problema de gestión" lo que para los estudiantes y para una gran parte de la ciudadanía constituye una "crisis social".
Por otra parte, el hecho de que el gobierno entienda la crisis como un problema de gestión puede deberse a que las grandes fallas del sistema no pasan tanto por la legislación y las regulaciones, sino más bien por la falta de límites claros, por la falta de control en la gestión de las entidades intermediarias y por la deficiente implementación del aparataje fiscalizador de las mismas, las que generalmente cuentan con muy pocos recursos y/o con escaso personal para ejercer una fiscalización efectiva.
Siendo el tema de la educación un tema eminentemente social, podríamos sugerir al gobierno que aplicara alguna estrategia o metodología típica de las empresas sociales para gestionar las reparticiones destinadas a prestar sus "servicios" con fines sociales. En este contexto, la Metodología del 6 ofrece un punto de partida simple con seis conceptos básicos que pueden ayudar a lograr una administración profesional desde un criterio distinto. Los seis conceptos que contempla esta metodología van por la senda de los principios fundamentales de la Responsabilidad Social y son: vocación, misión, clara definición de los servicios que se ofrecen, clara identificación de los beneficiarios, evaluación y retroalimentación. (Ver manual para administrar empresas sociales publicado por la Corporación Simón de Sirene). La importancia de la vocación como elemento primordial y motor de esta metodología, garantizarán que los esfuerzos se enfocarán en la satisfación de las necesidades del beneficiario. En este sentido, la misión debe plantearse de manera tal que no quede duda ni ambigüedad respecto de los objetivos que se persiguen, siempre en función del beneficiario, y por último, que la prestación de los servicios así como los procesos de evaluación y de retroalimentación deben estar dentro de un proceso de mejoramiento contínuo, permanente en el tiempo, de manera tal que se pueda ir corrigiendo oportunamente los errores o falencias detectadas en el proceso.
Una definición simple de Responsabilidad Social también plantea que "RS es hacer más de lo que la ley exige", por lo tanto, la entrada de Chile a la OCDE, sin perjuicio de otros convenios internacionales suscritos por nuestro país en los cuales se establecen compromisos concretos para con la educación, debiera suponer a lo menos, lograr los estándares de los países asociados a la OCDE. Si consideramos que en estos países la carga económica asociada a la educación recae en alrededor de un 80% en el Estado, y un 20% en las familias, los esfuerzos del Gobierno debieran apuntar como mínimo a lograr estos índices (Ver artículo "Educación Chilena y la OCDE" de José Joaquín Brunner).
Situación actual de la Educación en Chile:
Por un lado, es claro e innegable que la educación en Chile está en crisis desde hace tiempo, y que la brecha existente entre los distintos segmentos socioeconómicos ha producido también una brecha socio-cultural importante aún más difícil de salvar que la brecha socioeconómica. Para graficar lo anterior, les dejo este interesante video de Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020, en su exposición denominada "Las raíces torcidas de la educación en América Latina".
La exposición de Waissbluth nos muestra entonces que, como consecuencia de las deficiencias existentes en la educación primaria y secundaria, y por el alto índice de segregación existente, nos encontramos con un gran número de estudiantes que se han educado en establecimientos de mala calidad, con infraestructura deficitaria y con profesores que no estudiaron por vocación, sino porque los puntajes de corte para estudiar pedagogía en las universidades es bajísimo. Muchos de estos estudiantes, aún aquellos que han sido buenos estudiantes durante su vida escolar, descubrieron con sorpresa que sus buenos promedios en realidad correspondían al mejor nivel esperable dentro de la mediocridad en que tuvieron que desenvolverse, y que a la hora de enfrentar el proceso de selección universitaria, la mediocridad se hizo evidente reflejando el verdadero nivel de su supuesto buen rendimiento. Estos estudiantes que ya vienen en seria desventaja con respecto a otros, tendrán que entrar a un mundo competitivo en donde las capacidades individuales, la experiencia y la creatividad han sido desplazadas por los certificados, títulos y grados. Lamentablemente, estos jóvenes saben que la educación secundaria no les servirá para tener movilidad social y deben conformarse con buscar opciones al alcance de los bolsillos de sus familias, en donde las barreras de entrada impuestas por los procesos de selección son menos exigentes y los aranceles relativamente más bajos. Es aquí en donde, al igual como sucede en el mercado financiero, juegan un rol importante las casas de estudio que ofrecen alternativas de dudosa calidad "al alcance del bolsillo de la mayoría", y cuya oferta educativa ofrece carreras tan pintorescas como "Perito Criminalista con Mención en Fotografía Forense" y "Técnico en Fisioterapia Deportiva", entre otras con dudoso o nulo campo laboral, o bien, ofrecen carreras con una alta demanda, difíciles de acceder en las casas de estudio tradicionales como Derecho, Ingeniería Comercial y Psicología por mencionar algunas, saturando el campo laboral de las mismas con "profesionales" que no poseen las competencias mínimas requeridas para ejercer con su profesión con propiedad. Esto es especialmente grave cuando vemos que las universidades chilenas están entre las más caras del mundo y que la relación precio-calidad es inversamente proporcional (Ir al sitio de The World Ranking Of Universities), lo cual nos lleva inherentemente al siguiente tema.
El Lucro en la Educación, la Sociedad Civil y el Concepto de Subsidieriedad:
Al analizar el tema del lucro no debemos olvidarnos de que en Chile impera un sistema de Libre Mercado Neoliberal de corte "americanista", que se basa en la prerrogativa de que el mercado es capaz de proveer los bienes y servicios necesarios para satisfacer las múltiples necesidades de las personas, este sistema también postula que el mercado es capaz de autorregularse en base a las leyes de la oferta y la demanda, poniendo un fuerte énfasis en el sector privado, y caracterizado por una baja carga tributaria y una mínima intervención estatal. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que Chile tenemos un Mercado Imperfecto (Ver definición de Mercado Imperfecto, Descargar presentación explicativa sobre los vicios de los mercados imperfectos) y que por lo tanto, el Estado debe ser sumamente cuidadoso con la legislación y las regulaciones que afectan a los distintos actores del mercado, a fin de que la sociedad no se vea vulnerada por sus acciones. El escándalo de La Polar y otras irregularidades descubiertas y que afectan a otras entidades del mercado financiero son un claro ejemplo de esto.
Si analizamos aquellas peticiones de los estudiantes que demandan un sistema único de educación pública y gratuita para todos, eliminando a los actores privados de la educación, veremos que la situación es mucho más compleja que poner a sus actores en blanco o negro, o para el caso que nos ocupa, en públicos o privados. Históricamente en Chile ha existido un sistema de educación mixto, en el que han coexistido sin mayores problemas establecimientos de educación ambos tipos.
Los movimientos estudiantiles y la adhesión que han concitado por parte de organizaciones gremiales y de un gran porcentaje de la cuidadanía hacia sus demandas, demuestran que estamos viviendo un fenómenno en el que la Sociedad Civil manifiesta su preocupación por una problemática de interés público. Sin embargo, si revisamos con más profundidad el concepto de "Sociedad Civil", nacido en los tiempos de la sociedad liberal francesa y de la ilustración, veremos que este principio, aplicado a lo social postula que "la primera obligación de atender al que sufre es de la propia sociedad", por lo tanto, la familia, la comunidad, el municipio u otras organizaciones son las encargadas a sistir al que sufre. En este contexto, el Estado actuará "en subsidio o en caso de falencia o debilidad de esta institución", dando origen al concepto de "Subsidiariedad" del Estado.
En concreto, la sociedad civil tiene estamentos o actores que pueden participar y ejercer o apoyar aquellas funciones que el Estado no puede ejercer con eficiencia o que simplemente no le corresponde ejercer. Visto de este modo, la sociedad civil involucra a una serie de instituciones, muchas de ellas nacidas de iniciativas "privadas" como Fundaciones, ONG y Corporaciones sin fines de lucro que pueden participar en aspectos tales como la salud y la educación sin problemas y que pueden ser subsidiadas.
El gran problema entonces no está en la participación del sector privado en la educación, el gran problema está en el marco regulatorio dentro del cual funcionan. En cuanto al tema del financiamiento, es claro que el Estado debe aumentar drásticamente los recursos para la educación, pero también debe ser riguroso en la fiscalización del uso que se hace de ellos tanto en el ámbito público como en el privado porque ¿quién garantiza que al estatizar la educación esta será de excelencia para todos? ¿no es la ineficiencia del Estado una de las causas de la subsidiariedad?.
Cuando las críticas al sistema educativo apuntan al "modelo", en el fondo lo que se está diciendo es que no podemos confiar al mercado los temas que son netamente sociales, y que en estos temas se necesita una mayor presencia del Estado como proveedor de servicios, regulador y fiscalizador, lo que nos acercará más a modelos de libre mercado social-demócratas, caracterizados por una mayor carga tributaria y con énfasis en la protección social, más acordes a los estándares de la OCDE.
Karin Padilla Maldonado.
